Con la reciente toma de protesta de Alfredo Del Mazo Maza, como gobernador constitucional del Estado de México, múltiples problemas se quedan pendientes en el escritorio del nuevo mandatorio: la corrupción, la inseguridad, los feminicidios, y, por supuesto, la omisión en la aprobación de las garantías para grupos vulnerables, incluida la población LGBTI.
Durante su campaña
Del Mazo Maza declaró abiertamente no dar su visto bueno al matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la adopción por parte de estas parejas. Ni hablar tampoco de las necesidades de la población trans, grupo que cada día es mayormente discriminado por la sociedad.
El gobernador mexiquense no tiene las intenciones de jugar en pro de la diversidad sexual, lo cual, en términos constitucionales y jurídicos, es una clara violación a los derechos humanos.
Habrá que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde el año 2015, declaró como inconstitucionales todos los códigos civiles de las entidades del país por tomar la figura del matrimonio como un derecho exclusivo de un hombre y una mujer, incluyendo el del Estado de México.
Asimismo,
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalan que el no aprobar el matrimonio universal converge en un desacato a las libertades de las y los ciudadanos de nuestro país.
Surgen cuestionamientos
¿Qué esperará Del Mazo para dar pie a la protección jurídica que por ley merece la población LGBTI? ¿Será necesario un nuevo mandato de la Corte para que, finalmente, la Legislatura avale alguna de las iniciativas que están congelándose en el Congreso local? ¿Hasta cuándo los 2.1 crímenes de odio por homofobia o transfobia que se cometen en el Estado de México serán considerados como un tema prioritario en la agenda pública?
Los retos durante esta administración estatal serán grandes para gays, lesbianas, bisexuales, trans o intersexuales. Mucho trabajo nos queda desde las diversas trincheras de nuestra vida diaria, desde las organizaciones civiles, hasta los medios de comunicación, las instituciones, la academia, las redes sociales, las escuelas, los trabajos y nuestras familias.
Que quede claro: no se piden privilegios o condescendencias.
La omisión y negligencia con la que todos los días partidos políticos, servidoras y servidores públicos, instituciones y personas en las cúpulas de poder tratan a las poblaciones vulnerables, nos tiene hasta el hartazgo. No queremos ser más la minoría a la que nadie le importa.
La responsabilidad para exigir al Estado y sus autoridades para que garantice el acceso a una vida digna será aún mayor para quienes son activistas LGBTI y de derechos humanos en la entidad. Matrimonio igualitario, ley de identidad de género y tipificación de crímenes de odio, son sólo algunas de las luchas que quedan por seguir forjando.
Fuera del Clóset
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